Las operadoras de telefonía móvil (unificadas en la Asociación GSM) han decidido prestar su apoyo total a la implantación de eCall en el viario europeo. De esta forma, se cierra una de las principales trabas en el complicado proceso de implantación de este dispositivo de llamadas de emergencia europeo (integrado en la propia estructura de los vehículos), que requería, entre otras gestiones, la cooperación entre las autoridades públicas, los fabricantes de automóviles y motocicletas y la Asociación GSM, que reúne a unos 800 operadores de telefonía móvil de todo el mundo.
El sistema eCall (un dispositivo aún por aplicar) utiliza una tecnología que marca, de forma automática, el número de emergencias europeo 112 cuando un automóvil sufre un accidente grave, notificando su ubicación al servicio de emergencias más cercano. Podríamos entenderlo, salvando las distancias, como un sistema similar al instalado en muchos vehículos de algunos puntos de España para el pago del telepeaje (aunque en lugar de registrar un paso bajo pago, emite una señal de socorro cuando el coche modifica bruscamente su comportamiento).
Este dispositivo reducirá a la mitad el tiempo de intervención en este tipo de incidentes, unos minutos extras que podrían salvar unas 2.500 vidas al año en la UE, además de reducir entre 10% y un 15% las lesiones de las personas implicadas, según apuntan los primeros estudios realizados a tal efecto.
Al mismo tiempo, eCall incorpora otros dos mecanismos de comunicación complementarios: un botón de pánico y una conexión de voz que permitirá al conductor comunicar verbalmente cualquier incidencia al centro de emergencias más cercano. A partir de este momento, los responsables europeos afrontan una ardua tarea que culminará con la instalación de este sistema en los 230 millones de coches que circulan a diario por las carreteras del continente. Un proceso que en principio tenía prevista su finalización para el presente año, pero que se ha visto condicionado por algunas complicaciones, entre otras su coste de instalación (unos 100 euros por vehículo), el lento proceso de actualización de los centros de emergencias o la insuficiente formación del personal de rescate para gestionar eficazmente las llamadas.
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