La patata transgénica Amflora, conocida por sus críticos como patata Frankenstein, es desde ayer el segundo producto transgénico de libre cultivo en la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario tomó la decisión gracias al procedimiento que le permite aprobar unilateralmente el cultivo en caso de que no haya una mayoría de países claramente a favor ni en contra del cultivo. Para ello tuvo que desechar, tras un largo estudio, las dudas científicas que advierten de una resistencia del producto a los antibióticos, así como la falta de apoyo social que los transgénicos cosechan en buena parte de Europa. Es la segunda autorización de cultivo que toma la Unión Europea desde que en 1998 aprobase el maíz MON 810, comercializado por la multinacional estadounidense Monsanto y que resiste al ataque de algunos insectos.
La patata Amflora, diseñada por la empresa alemana BASF, no se dedicará al consumo humano, sino a la producción de almidón y piensos animales. La cultivarán agricultores que lleguen a acuerdos con la empresa creadora de la variedad, que espera aumentar sus beneficios en 30 millones al año. Los productores checos serán los primeros en adquirir la licencia para 150 hectáreas, informa Reuters.
La decisión acaba con un bloqueo de seis años y se produce semanas después del inicio del segundo mandato de José Manuel Durao Barroso. El presidente de la Comisión es un conocido entusiasta de los transgénicos, pero su hasta ahora comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, tenía un perfil más escéptico.
"Hemos dado respuesta a todas las dudas científicas, particularmente a las que hacían referencia a la salud", aseguró el nuevo comisario de Salud, el maltés John Dalli, en su primera rueda de prensa. Según él, "cualquier retraso adicional habría sido injustificado". Para BASF, la decisión de ayer supone "un hito para los próximos productos innovadores que promoverán una agricultura competitiva y sostenible en Europa", en palabras de Stefan Marcinowski, uno de sus directivos.
Guerra científica
Tras conocer la decisión, Greenpeace alertó en un comunicado de que este organismo genéticamente manipulado (OGM) "crea un riesgo para la salud animal y humana inaceptable, así como para el medio ambiente". Según Marco Contiero, responsable del área de transgénicos, Barroso fue en los últimos seis años "incapaz de enterrar las pruebas científicas que cuestionan la seguridad de esta patata modificada".
La fortaleza del cultivo y su resistencia a algunos antibióticos puso en el pasado sobre alerta a los ecologistas, que advirtieron del riesgo para la salud de los humanos si esa resistencia se incorpora a la cadena alimentaria. Los científicos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria alertaron en el pasado sobre los efectos para la salud humana de la patata, que sí se utilizará para fabricar piensos animales. La agencia, que provee de asesoramiento científico a las decisiones de la Comisión, sacó adelante el año pasado un nuevo dictamen con opiniones internas discordantes donde consideraba el riesgo remoto.
España, a favor de esta patata y de los otros cuatro productos, recuerda que las autoridades públicas y la Agencia de Seguridad Alimentaria española han certificado que son inofensivos para los humanos. Las dudas científicas que España mantuvo en el pasado "fueron incorporadas" a la decisión de ayer, aseguraron fuentes del departamento que dirige Elena Espinosa. El Gobierno "pone por encima de cualquier consideración la seguridad medioambiental y de los ciudadanos", aseguran.
La autorización del cultivo de Amflora, al igual que la del maíz MON 810, ha seguido un intrincado proceso técnico y político que ha puesto de relieve una división apasionada en el seno de la UE. El Gobierno ha apoyado sin demasiado entusiasmo las autorizaciones de organismos genéticamente modificados. No en vano, en España se produce el 80% del MON 810 cultivado en toda la UE. Otros países, como Austria, Hungría, Francia, Grecia, Alemania o Luxemburgo, han bloqueado sistemáticamente nuevos cultivos alegando sus propios análisis científicos.
Ante la falta de mayorías en el Consejo, la institución de los Gobiernos, la CE aprobó también la comercialización de otros cuatro transgénicos. El Ejecutivo comunitario propuso dar poder a los estados miembros para decidir si cultivan o no estos transgénicos, lo que pondrá fin al sistema europeo incumplido por varios de los grandes países en contra de nuevas autorizaciones. Como paraguas de la actuación de la CE en los próximos cinco años, Dalli presentará en verano una renovada estrategia para situar a Europa "a la vanguardia en la era de las nuevas tecnologías" agrícolas.
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