El Gobierno planea la creación de un canon digital que se aplicaría a las universidades por los fragmentos de obras sometidas a derechos de autor que distribuyen a través de Internet en sus campus virtuales.
Según la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) y los expertos en derechos de autor y propiedad intelectual, este canon sería ilegal.
Para la sociedad de derechos de autor que gestiona los intereses de las editoriales y los autores de textos, Cedro, es una necesidad. "Si se paga por las fotocopias, cómo no se va a pagar por las copias digitales", aduce.
¿Qué ley impone el canon digital?
Su creación se hace vía reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que también incluye nuevas normas sobre los enlaces a páginas de descargas. No debe confundirse con la Disposición Final 43ª de la Ley de Economía Sostenible, la llamada Ley Sinde-Wert (por el apellido de la exministra de Cultura socialista y su sucesor, del PP).
¿Qué pretende?
Que las universidades paguen un precio fijo por los fragmentos de textos que distribuyan a través de sus campus virtuales. Este montante no está fijado aún.
¿Qué es Cedro?
El Centro Español de Derechos Reprográficos. Es a los libros lo que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a la música y el cine, es decir, una entidad privada que recauda por el uso del repertorio que gestiona. La reforma de la LPI deja en sus manos el cobro de derechos a las universidades por copia digital. En un primer borrador de la ley, se le otorgaba incluso la potestad de proponer el precio, aunque, si no había acuerdo, la decisión definitiva quedaría en manos de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual.
¿Qué es el open access?
Es el acceso libre al material digital educativo, académico y científico que producen las universidades, que a su vez son la mayor fuente de conocimiento, discusión y divulgación de España. La reforma de la LPI establece que el derecho de los autores a cobrar por las copias de sus obras es "irrenunciable", de manera que Cedro, la encargada del cobro, se 'apropiaría' de todo ese conocimiento común, logrando reclamar derechos sobre los que, de otra forma, no tiene potestad.
¿Por qué se emprende ahora la reforma?
La imposición de un canon digital a las universidades es una petición directa de Cedro al Gobierno. La reforma de la LPI coincide en el tiempo con las denuncias que Cedro ha presentado en los tribunales contra la Autónoma y la central de Barcelona y la Carlos III de Madrid. Acusa a estas de hacer copias digitales de textos sometidos a derechos de autor.
¿En qué fase están esos juicios?
El primero en resolverse, en las próximas semanas, será el de la Autónoma. La universidad se ha ofrecido a pagar por los derechos de los libros de los que, afectivamente, Cedro tiene la gestión. Sin embargo, Cedro se ha negado y exige una 'tarifa plana' de 5 euros por alumno y año. Si hubiese aceptado el trato, Cedro habría reconocido que no ostenta la representación universal de todos los autores.
¿Por qué no demanda Cedro a los profesores que distribuyen los contenidos, en lugar de a las universidades?
En primer lugar, porque son las universidades las que tienen el dinero. En segundo lugar, porque también hay profesores que son socios de Cedro y la entidad, a la que no le sobran autores en su catálogo, prefiere no cargar contra ellos. Cedro aduce que las universidades deben vigilar a sus docentes, pero estas no pueden inmiscuirse en la selección de material que hacen a priori debido a la existencia de libertad de cátedra.
Puesto que el Plan Bolonia exige a los profesores la publicación de una bibliografía de cada asignatura al comienzo de curso, las universidades se han ofrecido a que Cedro revise esta lista y les pase la factura correspondiente, pero la sociedad de gestión se niega.
¿Por qué es importante la representatividad de Cedro?
La sociedad se ampara en la representación universal para reclamar los derechos de autor por todas las obras reproducidas y difundidas. Si las universidades son capaces de poner en duda esa representatividad, la ley quitaría la razón a Cedro. Además, se vería obligada a pagar a cada autor las cantidades exactas por el uso de su obra, cosa que ahora no hace.
En realidad, y según sus propios datos, Cedro solo tiene 18.000 socios directos en España y 4 millones de obras en catálogo. Las universidades españolas tienen, por contra, 29 millones de obras en su red de bibliotecas y 130.000 docentes susceptibles de ser autores. Cedro, por tanto, no puede hablar en nombre de todos ellos. Tampoco, del total de las editoriales.
¿Cedro recauda dinero de autores que no son socios suyos?
Sí, de nuevo, gracias al concepto de "representación universal". La entidad se compromete a buscar a esos autores y a entregarles su parte, sin embargo, solo tiene que hacerlo hasta que se cumple un plazo de 13 años. Cuando este prescribe, Cedro se queda el dinero, según la Comisión Nacional de la Competencia.
¿A cuánto asciende?
Según figura en su memoria de 2011, a 31 de diciembre de ese año, del 2010 y del 2009 habían prescrito los derechos pendientes de liquidar de los ejercicios 1996, 1995 y 1994 por importes de 1.724.059, 2.054.566 y 1.224.858 euros. En total, se embolsó 5 millones de euros.
En esa misma memoria, Cedro anuncia la suspensión de su "plan especial de acción para la localización de titulares". La justificación que ofrece es la "alta representatividad" de su repertorio. Sin embargo, la realidad es que no buscar (y no encontrar) a los autores le beneficia.
En el pleito contra la Universidad Autónoma de Barcelona, ha intentado reclamar los derechos por textos de autores latinos, o de pensadores como Montesquieu, Tocqueville o Tomás Moro, fallecidos hace siglos. Además, infiltró a detectives privados como alumnos en las universidades para que extrajeran documentos de los campus virtuales.
¿Cómo reparte Cedro el dinero?
Cedro no puede vigilar cada reproducción de sus obras en catálogo, de forma que recurre a una estadística o muestreo periódico que realiza a voluntad y con los criterios que cree convenientes. Además, no entrega el dinero a los autores, sino que lo envía a las editoriales. A pesar de que la normativa le obliga, no se cerciona de que el dinero llegue a sus destinatarios últimos.
¿Qué van a hacer las universidades?
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue) se opone al canon digital. Por el momento, ha incorporado como asesor al abogado especialista en propiedad intelectual Javier de la Cueva. A juicio del experto, el canon es ilegal, ya que la normativa europea no contempla la posibilidad de implantar una medida compensatoria por copias digitales en los campus virtuales.
¿Cuando se aprobará la reforma y, con ella, el canon?
El proyecto de reforma debe recibir el visto bueno del Consejo de Ministros. Este trámite se ha aplazado al menos en una ocasión durante el último mes. Después, será enviado a las Cortes para su aprobacion definitiva. La mayoría absoluta del PP le permite hacerlo sin tener que negociar con el resto de grupos. Sin embargo, Cedro ha pedido al ministro de Cultura, José Ignacio Wert, que detenga el proceso. El nuevo canon, a su juicio, no otorga una remuneración suficiente a los editores. Además, contiene conceptos confusos como los de "manuales universitarios" o "publicaciones asimiladas" que no tienen definición reglada.
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