La decisión de Angela Merkel de proceder al cierre a plazo de las centrales nucleares alemanas también podría adoptarse en nuestro país. Y en el momento actual, de forma especialmente cómoda. Cuatro cifras sirven para entender el problema. Dado que la electricidad no puede almacenarse, la potencia existente en un sistema eléctrico dado debe permitir atender los máximos instantáneos de demanda eléctrica con cierto margen de seguridad.
En los informes de REE se comprueba que la potencia total instalada en nuestro país es de más de97.000 MW, mientras que la nuclear sólo representa unos 7.800 MW y la demanda máxima histórica, que se produjo en 2007, no llegó a los 45.000 MW. Aun teniendo en cuenta los niveles de disponibilidad de los distintos tipos de centrales (el viento no sopla siempre, suele afirmarse), o las restricciones debidas a la red, las cifras anteriores prueban que el cierre es posible. Un argumento adicional es que nuestro país este año está exportando el 3% de la electricidad producida.
Hay dos problemas que se plantearían y que no se pueden ignorar. El primero es un cierto encarecimiento de los costes de producción de la electricidad al tener que reemplazar nucleares ya amortizadas por otros sistemas de generación. Y el segundo, un incremento significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si el cierre se produce de manera escalonada, y las nucleares son sustituidas por fuentes renovables, con costes en abrupto descenso y emisiones nulas, ambos inconvenientes pueden ser compensados.
Esta posible sustitución tendría una ventaja adicional: reduciría la dependencia energética del exterior ya que las renovables son con justicia autóctonas (tanto por recurso como por tecnología) mientras que la energía nuclear se considera estúpidamente en las estadísticas oficiales como nacional pese a que nuestro país no posee minería ni mineralurgia de uranio, ni mucho menos enriquecimiento isotópico.
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