Un año después de que el Ministerio de Sanidad y Consumo tomara cartas en el asunto, se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una nueva ley contra el spam telefónico y las prácticas publicitarias abusivas. Se trata de una modificación en el régimen legal de competencia desleal y publicidad, un documento que recoge la prohibición de realizar llamadas comerciales con números privados o de dar la opción al usuario de negarse a recibir este tipo de llamadas mediante una grabación obligada.
La intención es proteger al consumidor de las tácticas abusivas de algunas empresas, cuya tradición es la de llamar a cualquier hora, con números privados y ofreciendo productos a troche y moche, incluso ocultando información sobre el objeto de sus ventas. En este sentido, el usuario deberá tener derecho a oponerse a recibir este tipo de llamadas y la empresa en cuestión, estará obligada a registrar dicha oposición de viva voz.
Otro cambio importante tiene que ver con la forma de vender los productos. Los comerciales que trabajan para este tipo de compañías deberán informar de todas las características del servicio o producto, sin esconder información de precios o condiciones que no van a cumplirse en realidad. Lo mismo pasa con las tácticas abusivas para intentar convencer a menores de edad o a personas más crédulas, igualmente penalizadas en la nueva legislación.
Pero aunque la intención del Gobierno es buena, la práctica no es todo lo sencilla que debería ser. Estas prácticas abusivas que todos hemos sufrido en nuestro día a día no son fácilmente denunciables. Presentar los hechos a alguna asociación de defensa al consumidor o a la propia empresa que incurre en delito puede resultar toda una odisea que seguramente, por tiempo y dinero, no estamos dispuestos a recorrer.
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